LA DEMOCRACIA EN PELIGRO: EL ASALTO ULTRACONSERVADOR A LA EDUCACIÓN



La banalización de lo que es grave suele tener consecuencias fatales. El ataque brutal que desde el tándem PP-VOX, con la aquiescencia taimada de Ciudadanos, se está perpetrando contra la educación no puede ser tomado como una simple anécdota o un capítulo de eso que se llaman guerras culturales. Es pura guerra ideológica en un contexto político muy concreto: el deseo de derrotar al modelo democrático para instaurar en su lugar eso que Josep Ramoneda acertadamente ha calificado de autoritarismo posdemocrático. No podemos, como aconsejan algunas voces, no dar cobertura a estas agresiones porque eso implica prestarles el servicio de altavoz que están buscando. Hay ocasiones para callar. Hay ocasiones para no recluirnos en el silencio sea por una razón o por otra. Decidir está en nuestras manos, pero no olvidemos que acabar siendo unos Jeremías quejicas por no haber sido capaces de hacer frente a las mentiras que propagan intencionadamente los grupos ideológicos antidemocráticos sólo nos convertiría en tontos útiles, estúpidos peligrosos. Decía Cipolla que para el desarrollo social son mucho más peligrosos los estúpidos que los malvados. Los primeros no sólo son más sino que, además, ignoran tanto su estupidez como el ser instrumentalizados por los segundos para alcanzar fines que, incluso, pueden ser lesivos para quienes desde su estulticia de crédulos afectados por altas dosis de soberbia acabaran, también, pagando consecuencias indeseadas por ellos.

Más de treinta años como docente, cuatro de los cuales ocupando el puesto de director de un centro público y seis como jefe de estudios, creo que son una credencial para poder hablar con conocimiento de causa sobre el tema que nos ocupa: el asalto a la educación como un bien social y por lo tanto como un valor esencial para del desarrollo de las sociedades democráticas. Empezaré desmontando las mentiras. No es verdad la interpretación que hacen PP y VOX del artículo de la Constitución en el que se alude a la libertad de las familias para decidir sobre la educación de sus vástagos. Toda familia tiene derecho, en este país, a elegir centro educativo entre las tres opciones que, desde la LODE (ley que desarrolla el capítulo educativo sobre la educación) se entienden como la estructura educativa española. Toda familia puede optar por la educación pública, pero también por la privada y, más aún, caso de que quisieran apostar por esta última pero su capacidad económica no les permitiera afrontar su coste pueden elegir esos centros privados que son financiados con el dinero de todos, del suyo y del mío, los llamados centros concertados. La LODE, por cierto, es obra del primer gobierno socialista de Felipe González. Que yo sepa, y hasta la fecha, los únicos problemas que han podido afectar al derecho de las familias a la hora de elegir centro educativo se han producido debido a que algunos centros concertados exigen unas cuotas adicionales presuntamente voluntarias y que algunas familias no pueden afrontar. Digo presuntamente voluntarias porque no se imponen, aunque se les explica a las familias que caso de no pagar, su hijo o hija podrá acudir al centro concertado pero no a todas las actividades que se desarrollen en él y esto, como fácilmente comprenden los padres, puede afectar a sus hijos al sentirse menos que los demás. En estos casos, casi siempre, se acaba renunciando al centro concertado y se acude al público. Jamás he escuchado al PP o a VOX o a Ciudadanos denunciar esto como una violación del derecho constitucional de las familias a decidir sobre el centro educativo para sus hijos.

La segunda mentira, pues no creo que podamos hablar de confusión por parte de los dirigentes de esos dos partidos, radica en pretender confundir a la gente mezclando dos tipos de actividades totalmente diferentes. No tienen la misma consideración las actividades complementarias que las extraescolares. Las primeras forman parte del currículo y no dependen de la originalidad o capricho de un centro educativo. Complementan el currículo y, sobre todo, tienen que ver con eso que hemos denominado educación en valores. Se desarrollan en horario lectivo y por lo tanto son de obligada asistencia para el alumnado. De ahí que a la hora de programarlas para ser aprobadas por el Consejo Escolar (órgano donde están presentes las familias aunque, desde que el PP impuso la LOMCE, tengan menos peso que antes) y, en última instancia, por la inspección educativa, se deba tener presente tanto su clara necesidad e imbricación con los fines de la educación como el hecho, por ejemplo, que no pueden tener un coste que sea motivo de exclusión de alguna alumna o alumno. Caso de que haya un coste y éste no pudiera ser afrontado por una familia será el centro el que tendrá que buscar la manera de que no se produzca una discriminación que viole la constitución. Insisto en que este tipo de actividades están regladas en el marco de lo que se considera básico en la formación de todos los alumnos y alumnas de España. Las actividades extraescolares ni son obligatorias ni pueden desarrollarse en horario lectivo ni pueden superponerse a los contenidos curriculares obligatorios ni tienen porque ser gratuitas. La educación sobre cuestiones relacionadas a salud sexual, constitución de una sociedad igualitaria donde se combata de manera activa contra la desigualdad por razón de sexo o se reduzca hasta su extinción eso que conviene llamemos feminicidio, donde niños y adolescentes aprendan que el respeto al otro, sobre todo si éste lo entendemos por diferente sea el motivo que sea el que sostenga esta consideración, sea el principio rector de toda convivencia verdadera, pero también todo lo ligado a una alimentación sana o la educación para la paz no es algo sujeto al albur de nadie. Son valores definidos como fundamentales que no tienen cabida en el terreno de lo extraescolar o extracurricular por formar parte del currículo básico y obligatorio (también en la LOMCE). Son parte esencial en las actividades complementarias y ningún padre o madre tiene derecho a prohibir a sus hijos recibir esta parte de la formación como no lo tienen para exigir que se les pida permiso para que sus hijas e hijos acudan a clase de Matemáticas, Sociales o Educación Física.

Además de estas mentiras conviene no dejar de lado las cuestiones puramente ideológicas. Cuando el PP, VOX, pero también Ciudadanos, gritan a los cuatro vientos su doctrina sobre la propiedad de los hijos están evidenciando su culto, ideológico, a la superprimacía del mercado. Un hijo o una hija no son mercancía, escapan a la lógica de las mercancías y se rigen por la lógica de las personas. Ninguna persona es propiedad de nadie. Un coche sí. Ningún hijo o hija es propiedad de nadie. Un reloj o un traje sí. Y ligado a esto, la educación es un bien social sobre el que descansa de manera importante el sentido de la democracia. Un bien social no es una mercancía. Un servicio público puede tener, a medias, la consideración de un bien a secas y estar más abierto a las normas mercantiles. El autobús o un taxi son servicios públicos y su uso por la gente supone el desembolso de un dinero pues tienen fijado un precio. Voy terminando. El objetivo de la tarea de educar es múltiple: hay una enseñanza instrumental, una alfabetización básica, y hay unos saberes (conceptos y procedimientos) concretados en una serie de materias. Pero el objetivo fundamental de la educación expresado en las leyes (incluso en la LOMCE, léanse su preámbulo) es ayuda a la constitución de personas capaces de gestionar su vida como individuos, pero también capaces de convivir en cuanto que sujetos sociales, ciudadanía. Democracia es convivencia y ésta sólo es posible cuando se dan condiciones de justicia. De ahí que una de las tareas de los marcos constitucionales (que han de garantizar la convivencia) sea la de armonizar la libertad individual con el bien colectivo, con la libertad colectiva. Imponer la libertad individual como norma máxima que domina a todo lo demás es cualquier cosa menos voluntad democrática porque allí donde la libertad individual es norma máxima la convivencia es imposible en la medida en que unos, quienes posean más poder o más fuerza, acabarán recortando los derechos de todos para satisfacer sus deseos privados. No nos engañemos, el PP y VOX están en plena campaña de acoso al modelo democrático para imponer un sistema autoritario regido por el primado de la injusticia. Como mucho apuestan por una democracia en la que el primer artículo de la Constitución sea imponer el derecho de admisión regulado por estos partidos de acuerdo a sus creencias. Si cedemos ahora, mañana meterán sus manos en la sanidad (tema vacunas) y después… Después será tarde porque nos habrán convertido a todas y a todos en simples mercancías.

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